Lorena Fuster.
Cancún, Qroo.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) solicitó al Órgano Interno de Control de la SEMARNAT, investigue y suspenda temporalmente a servidores públicos de su Delegación Federal en el estado de Quintana Roo, que participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto “Dragon Mart Cancún”.
Asimismo, pidió por separado también al Gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Benito Juárez, de esa misma entidad, que revisen de manera exhaustiva todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto comercial “Dragon Mart Cancún”, a fin de constatar su legalidad y deslindar en función de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes.
El Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, explicó al OIC de la SEMARNAT que la PROFEPA promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico.
El documento dirigido al titular del OIC señala que un grupo de funcionarios en activo y exfuncionarios de la Delegación Federal de la PROFEPA en Quintana Roo, eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.
Asimismo indica que un nuevo estudio recientemente realizado con la participación de por la SEMARNAT y otros organismos especializados como el INEGI, confirman que el denominado predio “El Tucán” es un terreno de vocación forestal, está reconocido como un ecosistema costero y es además una zona de refugio de aves catalogas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 en condición de riesgo.
El oficio explica además que las resoluciones emitidas por la Delegación Federal de la PROFEPA en Quintana Roo en noviembre de 2012 fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico, para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio “El Tucán” por su calidad de terreno forestal.
En los comunicados dirigidos al gobernador Roberto Borge Angulo y el edil Paul Michel Carrillo, el Procurador Guillermo Haro Bélchez solicita que ambas autoridades inicien, en facultad de sus atribuciones, los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.
En ese contexto, Haro Bélchez solicitó al Gobernador y al unícipe quintanarroenses que en caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones, realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes.
Dijo que tal petición se basa en el marco de las relaciones intergubernamentales Federación-Estados, atendiendo la distribución de competencias en materia ambiental previstas en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana, en relación con los numerales 5º y 7º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Asimismo -,añadió- en estricto apego al principio de respeto a la autonomía del Gobierno del estado de Quintana Roo, así como a lo previsto por el Artículo 45 fracción V, inciso b) del Reglamento Interior de la SEMARNAT que establece la facultad de esta autoridad para solicitar la colaboración a otras dependencias federales o municipales.
Lo anterior, para que conforme a las disposiciones jurídicas que apliquen en el ámbito de su competencia, inicien los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias que hayan otorgado para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que hubieren dado lugar a la infracción de la Legislación ambiental sancionada por la PROFEPA, cuando la gravedad de la infracción lo amerite.
