Raymundo Barradas.
Veracruz, Ver.- Los Colegios de Marinos Mercantes del país reiteran su negativa a la iniciativa de decreto presentada en la Cámara de Senadores por el Ejecutivo, con la cual pretenden incrementar las atribuciones de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) en el ámbito de la vida civil y mercantil de las capitanías, puertos y marina mercante.
Consideran que la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto es inoportuna, contradictoria, poco transparente y claramente contraria a los intereses de los miembros de las industrias dedicadas al transporte marítimo, de los servicios costa afuera, turismo náutico y a la pesca comercial, por las siguientes consideraciones:
-Es inoportuna por que se presenta precisamente cuando las industrias del transporte marítimo en México están en proceso de adaptación a la nueva realidad económica provocada por la reforma energética impulsada por el mismo poder ejecutivo del Gobierno Federal.
-Es contradictoria debido a que provoca precisamente lo que pretende corregir “evitar la duplicidad de funciones…”; desde diciembre de 1976, con motivo de la reforma administrativa emprendida por el gobierno federal, se publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Y en ella las funciones relativas a la Marina Mercante, la operación portuaria, la construcción de puertos y el señalamiento marítimo que estaban asignadas a la secretaria de marina, se concentraron en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) que tienen la responsabilidad de regular las industrias del transporte marítimo tales como el transporte marítimo, el turismo náutico, la reparación y construcción naval, la Pesca, los Puertos.
Pero las reformas, adiciones y derogaciones legales que propone el ejecutivo federal únicamente endurecen, con la participación naval militar, la rectoría del subsector marítimo y portuario, pero contradictoriamente provoca una duplicidad de funciones al dejar en la SCT la responsabilidad de promover el desarrollo del comercio marítimo, la inversión privada y el empleo.
Las actividades privadas de cámaras, empresas, asociaciones, colegios, sindicatos y marinos mercantes, quedarían sujetos entonces a dos autoridades distintas para continuar realizando sus actividades productivas cotidianas.
-Es poco transparente debido a que se trata de una iniciativa formulada por servidores públicos para servidores públicos, que insensiblemente omite considerar los intereses del público al que sirven, y solo se concentra en robustecer las atribuciones de una entidad militar en actividades que son de carácter absolutamente mercantil.
El Ejecutivo argumenta que su iniciativa deriva de la necesidad de adaptarse a las constantes modificaciones a los instrumentos emitidos por la Organización Marítima Internacional (OMI) “como las reformas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), entre otros”; pero ninguno de ellos es aplicable ni aplicado por oficiales navales a bordo de buques de guerra por lo que su comprensión al respecto es al menos limitada y su experiencia es nula.
En el manifiesto expresan su profunda inconformidad por las temerarias declaraciones del Vicealmirante D.E.M. José Luis Arellano Ruiz Coordinador General de Protección Portuaria e Instalaciones Estratégicas de la SEMAR, quien indebidamente atribuyó a la participación de personal militar en Lázaro Cárdenas el presunto aumento de 30% en el manejo de carga y en el puerto de Manzanillo Colima el presunto incremento de 10% de arribo de buques y en recaudación fiscal.
Sostienen que la iniciativa es contraria al sentido republicano de nuestra Constitución y le causa una severo agravio a ciudadanos, empresas, sindicatos, asociaciones, cámaras y organizaciones civiles que desempeñamos nuestras actividades cotidianas regulados por una autoridad también de carácter civil como lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Finalmente advierten que si se aprueban las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos sería una invitación a reconocer explícitamente la incapacidad del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por cumplir con sus obligaciones constitucionales ante sus ciudadanos quienes tendríamos que acudir entonces a las cortes nacionales y de ser necesario a las internacionales para exigir el respeto de nuestros derechos jurídicos más esenciales.
