Susana Cruz.
Veracruz, Ver.- Diseñar una estrategia de combate a la inseguridad que permita crear las condiciones para que el nuevo sistema de justicia funcione en favor de las víctimas y no de los delincuentes, fue el mensaje que José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de CANACAR expuso en la Cámara de Diputados al participar en la 2ª mesa de trabajo “Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa”, abierta a expertos y académicos para discutir la Reforma al Artículo 19 Constitucional, en materia de modificaciones al catálogo de delitos graves.
En su mensaje, el directivo solicitó que el robo al autotransporte sea considerado un delito grave como parte de esa estrategia y se pronunció a favor de que amerite prisión preventiva oficiosa.
Y es que las afectaciones no son menores para el sector:
En los últimos 8 años el robo al autotransporte de carga se elevó 146 por ciento, según CANACAR.
Entre la persecución y los costos directos del delito, en 2017 el robo al autotransporte de carga costó 92 mil 500 millones de pesos, según un estudio de Consultores Internacionales.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 8 de cada 10 robos de unidades de transporte se realizan con violencia.
De las 12 mil 500 unidades de carga robadas aseguradas en 2018 (32 cada día en promedio), sólo el 25% se recuperó. Es probable que el resto se inserte en el mercado informal de autopartes.
Además, uno de cada dos camiones robados se utiliza para cometer otros delitos, como el robo de combustible y homicidio.
De acuerdo con Muñoz López, de los datos anteriormente señalados se desprende que dicho delito se encuadre en dicha categoría por ser de las conductas delictivas más dañinas para la sociedad, “no sólo por la afectación patrimonial que viene ocasionando, sino por los niveles de violencia que ha alcanzado, constituyendo un grave riesgo para la seguridad pública”, enfatizó.
Y añadió: “exhorto, respetuosamente, que se apruebe la reforma en los términos de la minuta enviada por el Senado de la República y propongo diseñar una estrategia que permita crear las condiciones para contar con un adecuado y funcional sistema penal acusatorio”, concluyó el directivo.
De acuerdo con Ricardo Arias, director general de la AMIS, quien también participó en la mesa de diálogo, advertir al criminal que su comportamiento ameritará prisión preventiva es un mensaje de que ya no se tolerarán sus conductas.
