Por: Juan Carlos Merodio López*
Veracruz, Ver.- El reciente anuncio del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, de transferir la autoridad y coordinación de los puertos, la Marina Mercante y aduanas al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina (SEMAR), ha causado una honda preocupación en el sector marítimo nacional e internacional. Se aduce como principal razón para esta decisión, la seguridad nacional.
Lo primero que viene a la mente, es que si esa es la razón, en congruencia se debería de transferir el control de todos los aeropuertos y líneas aéreas, como Aeroméxico, Volaris, Interjet, etc. a la Fuerza Aérea Mexicana, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia?
Ya antes la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo se pronunció en contra de que se hiciera esta transferencia de los puertos y la Marina Mercante del ámbito de la SCT hacia la SEMAR, esto en concordancia con lo que sucede en los demás países de vocación marítima.
Pero veamos, para hacer la transferencia de los puertos y la Marina Mercante de una dependencia gubernamental (SCT) a otra (SEMAR) se deben reformar distintas leyes vigentes como lo son la de la Administración Pública Federal, la Ley de Puertos, la de Navegación y Comercio Marítimos, y sus reglamentos respectivos, entre otras.
Ahora bien, vamos a entender cómo funcionan hoy los puertos del país:
a) Hoy cada uno de los puertos mexicanos son administrados por las Administraciones Portuarias Integrales (conocidas como APIS) de las cuales algunas son de nivel federal, otras estatales, otras adscritas a Fonatur, y una sola de carácter privado (Acapulco). ¿Será ahora la SEMAR la dueña de las acciones de las APIS? ¿Corresponde esto con la naturaleza de nuestra Secretaría de Marina?
b) Las APIS no son autoridad, son sociedades anónimas de capital variable cuyo objeto principal consiste en elaborar el Plan Maestro de Desarrollo del puerto que les corresponde. Entonces, ¿Lo que se pretende es transferir la titularidad de las acciones de cada API a la SEMAR? Si es así, la SEMAR estaría actuando en calidad de empresario portuario.
c) A su vez, las APIS contratan con empresas privadas y extranjeras los distintos servicios portuarios en los puertos, como son las terminales especializadas, la estiba, abastecimiento de buques, maniobras de carga, limpieza, vigilancia, etc., esto mediante los llamados contratos de cesión parcial de derechos. ¿Cuál será el destino de estos contratos? ¿Cómo se hará una transición ordenada de los mismos? Llevará sin duda un tiempo que el personal de SEMAR se familiarice con este esquema, de naturaleza meramente mercantil.
d) En cuanto a la Marina Mercante Nacional, es cierto y hay que reconocerlo, que desde el sexenio del expresidente Salinas de Gortari se acabó con el interés de contar con una herramienta estratégica en materia de transporte marítimo que sirviera para encauzar las políticas comerciales internacionales de interés nacional.
Pero también es cierto que la política y desarrollo de una Marina Mercante Nacional, que es de carácter típicamente civil y mercantil, no debe quedar bajo la tutela de una autoridad militar. Son muchas las ocasiones en que hemos referido nuestras consideraciones para lograr el desarrollo y fomento de nuestra flota nacional, pero si es verdad que la educación de un marino mercante incluye temas tan diversos como la avería gruesa, la echazon, el abordaje, el conocimiento de embarque, etc., los cuales además son motivo de regulación internacional, la mayoría de las veces, por la Organización Marítima Internacional (OMI) y que sin duda tomará tiempo a los nuevos responsables aprender de su manejo y aplicación, con los inconvenientes que ello pudiera ocasionar.
e) El tema de las aduanas, lo hemos repetido en innumerables ocasiones, corresponde resolverlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable por ley de su operación, vigilancia y cumplimiento. Si existe contrabando es tema de aduanas no de la SCT.
Así pues, nos queda esta gran interrogante y preocupación sobre la recién anunciada medida de transferencia de puertos y marina mercante a la SEMAR.
Viene ahora a la memoria la visión del expresidente Ruiz Cortines sobre su llamada “Marcha al Mar”.
México cuenta con todas las herramientas para finalmente crear una política marítima nacional de largo plazo, tan solo hace falta la voluntad política y así beneficiar a los millones de mexicanos que viven en estados con costas y actividad marítima, que genera empleo y bienestar social. Julio, 2020
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*Juan Carlos Merodio López, miembro titular del Comité Marítimo Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2019, con nombramiento otorgado durante la sesión de Comité Ejecutivo y Asamblea celebrada en México. Cuenta con una amplia experiencia en derecho marítimo internacional, ha sido director general de Grupo TMM; hizo estudios de finanzas por The Euromoney Institute de Londres, es catedrático de la (UNAM), en Derecho Marítimo y actualmente lidera el despacho J&M Estudio Legal. El Comité Marítimo Internacional (CMI) de la OMI, fue formalmente fundado en 1897 en el puerto de Amberes, Bélgica y es la más antigua organización internacional en el ámbito marítimo.
