Danytza Flores.
Veracruz, Ver.- Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, colegios de profesionistas y asociaciones civiles, rechazaron el proyecto de reforma para que los puertos, la educación náutica y la marina mercante nacional sea transferida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina-Armada de México.
La propuesta que adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, la presentó la Diputada Federal Juanita Guerra Mena, integrante de la bancada de MORENA en la presente legislatura federal.
“Esta iniciativa es inconstitucional por extender las atribuciones de la Secretaría de Marina en ámbitos que la constitución restringe”, explicó el capitán Antonio Rodríguez Fritz, vocero del frente.
Agregó que las s funciones de las autoridades militares se encuentran delimitadas al auxilio o apoyo de instituciones civiles; dicho de otra forma las fuerzas armadas solo pueden ejercer funciones referentes a la disciplina militar en tiempos de paz, agregó.
Además de que la propuesta implica un claro retroceso en el desarrollo y el fortalecimiento de la Marina Mercante Mexicana, que cuenta con toda la especialización relativa al comercio marítimo.
Dijo que el contenido de la propuesta pretende trasladar atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (SEMAR), con el fin de convertir a las fuerzas armadas en la única autoridad marítima desplazando así las atribuciones de un sector profesional en temas de puertos comerciales y mercantes a un sector castrense que no cuenta con la formación en la materia.
Esta iniciativa se encuentra lejos de volverse una medida para combatir la corrupción, ya que no existe evidencia de que las fuerzas armadas la reduzcan, al contrario, las fuerzas castrenses no son la excepción en este tipo de prácticas, abundó.
Cabe destacar que sólo el 3% de los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) tienen autoridades militares involucradas en la operación de puertos y esos casos, fueron consecuencia de golpes de estado militares o gobierno dictatoriales.
Esta iniciativa tiene una clara tendencia a desmantelar los logros que durante tanto tiempo ha tomado construir, sin tomar en cuenta las consecuencias sociales, económicas y políticas que implicaría entregar la industria del transporte marítimo a las fuerzas armadas, concluyó.
