Pedro Cruz.
Veracruz, Ver.- Al igual que ocurre con otras mercancías que se transportan por mar, gran parte del comercio ilícito de flora y fauna silvestres del mundo se transporta a bordo de buques, lo que subraya la necesidad de que la OMI participe en la lucha contra esta actividad ilícita.
En el seminario web “Diálogo en Asia sobre las medidas contra el tráfico de fauna y flora silvestres en las cadenas de suministro del transporte marítimo”, Josephine Uranza, coordinadora regional de la OMI y presencia regional para la cooperación técnica en Asia oriental, destacó los esfuerzos que se están realizando para frenar el comercio ilícito de flora y fauna silvestres, que vuelve a aumentar a medida que disminuyen las restricciones comerciales causadas por la pandemia de COVID-19.
“Aunque la OMI no es el organismo principal para la prevención y la supresión del comercio ilícito de flora y fauna silvestres o del contrabando de drogas, la participación de los buques en el comercio ilícito es claramente de interés, ya que uno de nuestros principios estratégicos es mejorar la facilitación y la protección del comercio marítimo internacional a nivel mundial”, explicó, y añadió que la OMI está trabajando para alcanzar este objetivo.
Además de coordinarse con otros organismos que trabajan en este campo y de concienciar sobre el comercio ilícito de flora y fauna silvestres mediante herramientas como los seminarios web, Uranza destacó el papel que el Comité de facilitación de la OMI está desempeñando en la lucha contra este problema. A raíz de una propuesta del Gobierno de Kenia, el Comité ha acordado elaborar unas directrices para la prevención y la supresión del contrabando de fauna y flora silvestres en los buques dedicados al tráfico marítimo internacional.
El trabajo de la OMI fue acogido con satisfacción por otros oradores del panel, que señalaron que un incentivo normativo para combatir el comercio ilícito de flora y fauna silvestres proporcionaría el estímulo necesario para la adhesión mundial a las mejores prácticas. También hubo consenso en que una mayor cooperación e intercambio de información transfronteriza es esencial para la aplicación de cualquier normativa regional contra el tráfico de personas, al igual que un mayor apoyo de las empresas privadas a lo largo de la cadena de suministro, así como de los gobiernos.
