Pedro Cruz.
Veracruz, Ver.- “Tenemos, al menos, 310 municipios que nos cobran permisos adicionales, que van de mil a un millón de pesos por flotilla de acuerdo a un censo que realizamos”, informó Patricia Vizcaya, directora jurídica y de normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Existen tres retos fundamentales para garantizar el derecho a la movilidad: la eliminación se la sobrerregulación, espacios de infraestructura y sensibilizar a la población sobre la importancia del movimiento de mercancías, agregó.
Para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad se deben generar recursos materiales para que se haga valer, lo expuso Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de CANACAR al participar en el panel “Movilidad segura, eficiente y sustentable: retos y realidades”, en el marco de ExpoTransporte ANPACT 2022 celebrado en el Centro Expositor de Puebla.
Muñoz agregó que el Sistema de Movilidad y Seguridad Vial intervienen tres principales elementos: la infraestructura, los vehículos y las personas. “Lo que tenemos que hacer no es solamente crear el sistema, la instancia burocrática donde se analizará la estrategia, sino establecer los recursos para generar las condiciones que se requieren para que éste funcione”, expresó.
En este sentido, explicó que CANACAR llevó a cabo siete foros regionales, con la participación de asociaciones, diputados y organizaciones civiles, para definir una propuesta con el propósito de generar realmente las condiciones para que este derecho se cumpla.
En materia de infraestructura, se propone establecer centros logísticos, carriles confinados para el autotransporte de carga, iluminación adecuada para peatones y el transporte, señalizaciones, implementar paradores seguros en carreteras federales y libramientos que no afecten el movimiento de las personas.
Con relación a los vehículos, se establece un esquema de estímulos fiscales que incentive a invertir en unidades eficientes y seguras, así como establecer dispositivos de seguridad para camiones nuevos.
En capacitación y educación vial se sugiere un programa nacional de capacitación para conductores, enfocado en atender las causas de accidentes, manejo de acciones, salud emocional, prevención de accidentes, salud emocional y señalización. Dicha capacitación deberá ser obligatoria en los tres órdenes de gobierno.
Además, se deben crear estándares de competencia sobre la conducción para los diferentes tipos de vehículos motorizados, contar con un sistema nacional homologado donde se pueda conocer el perfil psicológico de cada persona que cuente con licencia o permiso para conducir, así como incrementar los centros de capacitación para conductores de carga. “Le dimos forma a la propuesta de iniciativa, para que tomen estos puntos en cuenta, en el proceso de armonizar las leyes estatales con la general”, subrayó.
En su intervención, Roxana Montealegre, directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), señaló que instalar el Sistema de Movilidad y Seguridad Vial, representa el comienzo de una organización a nivel nacional para definir una ruta de trabajo que permita hacer los cambios que dieron origen a que la movilidad en México se consagrara como un derecho humano.
En tanto, Nicolas Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), añadió que se debe considerar cada necesidad de las regiones del país, a través de un modelo de negocio y operación en el transporte. “La autoridad tiene que establecer canales de institucionalización y normativos, se debe invertir en este tema”, destacó.
