Pedro Cruz.
Manzanillo, Colima.- Remolcadores Portuarios Mexicanos (RPM), empresa mexicana, impulsa el desarrollo económico de la industria marítima portuaria en Manzanillo y, en breve, extenderá sus servicios de remolque, transporte de carga y asistencia costa afuera a otros puertos nacionales con especial interés en la Península de Yucatán.
Es una compañía relativamente nueva en el mercado; opera tres remolcadores, y uno más en el área, con una plantilla aproximada de 32 trabajadores entre oficiales y subalternos; viene con bastante ímpetu, no descartamos verla en un futuro no muy lejano operando en otros puertos del país, aseguró Honorio Galván Aguilar, secretario general de la Unión Nacional de Marineros.
“La relación entre sindicato, trabajadores y empresa es excelente; la mentalidad y visión del Sindicato es que crezca y nuestra gente con ella y se posicione como una alternativa frente a las empresas extranjeras, generando inversión en los puertos, renovando la flota, mejorando la infraestructura náutica del país y apostando por el desarrollo de la Marina Mercante Nacional”, agregó.
Estamos aquí a petición de nuestros hermanos, quienes solicitaron apoyo para legitimar su Contrato Colectivo de Trabajo, porque tenían contrato con un sindicato de protección local (blanco) que había estado operando en contubernio con los anteriores dueños cuando la empresa pertenecían a TMM, dijo.
La razón de que la legitimación haya sido extemporánea se debe a un conflicto entre la casi extinta JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (JFCA) Y EL ACTUAL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL (CFCRL).
La primera JFCA, cuando le tocó pasar los contratos al CFCRL, cometió el error de enviarlo sin asignarle un número de registro y esto propició que el Centro se negara a tenerlo por depositado sin ese número a pesar que se desahogaron todos los procesos pertinentes del caso.
De tal suerte que se “echaban una institución a la otra la culpa, por lo que fue el (TFLAC) TRIBUNAL FEDERAL LABORAL DE ASUNTOS COLECTIVOS, quien instruyó y presionó para que las dos instituciones de conciliación arreglaran sus conflictos y asignarán un número de registro al contrato y lo tuvieran como depositado y registrado después de casi 2 años de pleitos”.