Raymundo Barradas.
Tuxpan, Ver.-Las cesionarias ENERMEX y Distribución de Combustibles (DICSA) operan en condiciones irregulares en el Puerto de Tuxpan, pagando sobornos de hasta dos millones de pesos a funcionarios de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (APITUX) por cada barco operado.
El sexenio pasado, las autoridades de APITUX otorgaron contratos mediante corrupción e influyentismo a Enermex, la cual es investigada por la Comisión Reguladora de Energía y por el SAT, también a DICSA, para hacer maniobras en el Puerto de Tuxpan.
Una investigación periodística permitió descubrir que, por irregularidades en los contratos otorgados a Enermex y a DICSA, los contratos no pudieron ser registrados ante la Dirección General de Puertos en la pasada administración federal, porque no estaban autorizados por el Consejo de Administración ni por el Comité de Planeación de APITUX, que son requisitos indispensables para que los funcionarios celebren cualquier contrato.
El Articulo 51 de la Ley de Puertos claramente establece en su fracción V que “los contratos de prestación de servicios deben registrarse ante la Secretaria en un plazo máximo de cinco días”, lo cual nunca ocurrió y por lo tanto no surtieron efectos o sea que son inexistentes.
Resulta que a pesar de la ilegalidad de esos contratos, los funcionarios de la 4T les han permitido que continúen operando en una franca violación a la Ley de Puertos y su Reglamento. En ambos casos ni siquiera se requiere que la autoridad inicie el procedimiento de revocación que establece el Reglamento, toda vez que ambos contratos “nunca surtieron efectos legales ante la SCT”.
Con el simple hecho que la APITUX suspenda las operaciones de esas dos cesionarias y solicite el retiro de sus equipos del Recinto Portuario de Tuxpan quedaría el asunto resuelto, además esas empresas cobran tarifas superiores a las autorizadas por la SCT.
Pero continúan operando porque forman parte de una red de corrupción que existe en el Puerto de Tuxpan, pues por cada barco que operan en la ilegalidad pagan sobornos de hasta dos millones de pesos a funcionarios de APITUX, de Capitanía de SEMAR, de la Aduana y de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
El dinero producto de los sobornos se reparte entre personal del área jurídica y de Programación de Buques de la APITUX, para que los barcos de DICSA y Enermex ingresen rápido a puerto, al personal de la Capitanía de Puerto le dan una cantidad por cada barco para que se haga de la vista gorda y no se ajusten al cumplimiento de los reglamentos.
Una fuente interna asegura que el personal recién llegado a la Dirección de Fomento Portuario de la SCT, responsable de las operaciones diarias entre todas las API’s y la SCT, ya entraron en esa espiral de corrupción, porque los enteraron de las irregularidades y nada ocurrió.
Entre las embarcaciones operadas irregularmente por ambas cesionarias se encuentran: “Valrossa”, “Atlantic Bridge”, “Torm Louise” y “Singapore”, de acuerdo con los registros de la propia APITUX, se estima llevan entre ambas empresas más de diez barcos descargados tan solo de PEMEX, además de los buques particulares.
Urge que la SEA, Función Pública, la CRE, SENER y el SAT, instrumenten una investigación a fondo en el Puerto de Tuxpan, con la operación de esas dos cesionarias, pues de lo contrario nada de lo prometido por la 4T se estaría cumplimiento pues la corrupción y la impunidad continúan.
